Ley de dependencia: quién puede solicitarla y requisitos básicos

El 1 de enero del año 2007 entró en vigor la Ley de dependencia. Establece las condiciones mínimas que garantizasen el derecho a la promoción de la autonomía personal y la atención de personas en situación de dependencia.

Qué se entiende por dependencia

Debemos partir de dos conceptos íntimamente relacionados: autonomía y dependencia. Así pues, por autonomía entendemos la capacidad de las personas para adoptar determinadas decisiones sobre cómo vivir y llevar a cabo las actividades cotidianas: comer, beber, vestirse o ir al baño.

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Dependencia es la situación en la que se encuentran determinadas personas que, por razón de edad, enfermedad o discapacidad, no pueden llevar a cabo por sí mismas las actividades básicas cotidianas y precisan de la ayuda de otros.

Factores esenciales para valorar la discapacidad

Las personas dependientes, en sus diferentes grados, presentan como nexo de unión la imposibilidad de realizar por sí mismas alguna de las siguientes actividades:

  1. Cuidado personal: la más sencilla tarea de aseo se convierte en un problema para ellas, como por ejemplo lavarse.
  2. Las actividades domésticas básicas: como por ejemplo preparar la comida, lavar la ropa o fregar los platos.
  3. Dificultad en la movilidad: las personas dependientes presentan con mucha frecuencia importantes limitaciones físicas que les impiden moverse con normalidad.
  4. Dificultad para reconocer a personas u objetos.
  5. Pérdida del sentido de la orientación.
  6. Dificultad para entender y realizar tareas sencillas.

Grados de dependencia

En función del grado de dependencia de cada persona, los cuidados que necesite serán distintos. Podemos distinguir tres grandes grupos de dependencia:

  • Dependientes moderados: son aquellas personas que, por razón de su avanzada edad, de alguna patología o por padecer una discapacidad, requieren de un apoyo puntual para realizar determinadas tareas o salir a la calle.
  • Dependientes severos: son aquellas personas que requieren de un cuidado y una vigilancia frecuentes, pero no de forma ininterrumpida.
  • Grandes dependientes: requieren de un cuidado y una atención constantes, pues carecen de autonomía.

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Tipos de ayudas que puede solicitar una persona dependiente

La gran aportación de la ley de dependencia fue la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Con este sistema se pretende garantizar un contenido mínimo de derechos para todos los ciudadanos del territorio español, con la colaboración de todas las Administraciones públicas. El objetivo principal de la ley de dependencia es mejorar la calidad de vida de los que se encuentren en dicha situación. De este modo, las prestaciones que se contemplan pueden ser económicas o de prestación de algún servicio, teniendo prioridad estas últimas. Solo en el caso de que las personas que lo necesiten no puedan acceder en un primer momento a alguno de los servicios del catálogo, serán compensadas con una prestación económica.

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Cómo se regula el acceso a los servicios

La ley de dependencia establece un calendario con un orden de prioridades. El criterio determinante para clasificar a los beneficiarios es el grado de dependencia que presenten, para así poder satisfacer mejor sus necesidades. También influye en la valoración la capacidad económica, la edad y el tipo de servicio que se solicita.

Prestaciones económicas

Dentro de este apartado, podemos diferenciar varios tipos de ayudas económicas a la dependencia:

  • Prestaciones económicas vinculadas a un servicio: son periódicas y las recibirán aquellas personas que no puedan acceder a un servicio público o concertado de atención a la dependencia.
  • Prestaciones económicas para el cuidado de la persona dependiente por personas no profesionales: la persona dependiente es atendida en el entorno familiar sin desplazarse a ningún centro. El cuidador es un familiar que debe estar dado de alta en la Seguridad Social y seguir las pautas marcadas por profesionales para una mejor calidad de vida del beneficiario de la prestación.
  • Prestación económica para la asistencia personal: la persona dependiente recibe una ayuda dineraria para poder contratar a una determinada persona que le asista en su vida diaria.

Catálogo de servicios

Así pues, el SAAD ofrece un catálogo de servicios dividido, entre los que se encuentran:

  • Servicios de prevención de situaciones de dependencia.
  • Teleasistencia.
  • Ayuda a domicilio, para tareas domésticas y cuidado personal de los dependientes.
  • Centros de día y de noche.
  • Residencias para personas mayores o centros de atención a personas dependientes, en función del grado de autonomía de los beneficiarios.

Requisitos de las personas solicitantes

Así pues, todas las personas que se encuentren en situación de dependencia o tengan algún familiar que lo esté deben reunir una serie de requisitos básicos para acceder a las prestaciones establecidas por la ley de dependencia:

En primer lugar, es imprescindible ser nacional español. No obstante, en aquellos casos en los que la persona dependiente sea extranjera pero reúna todos los demás requisitos, se estará a lo dispuesto en la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.

En segundo lugar, un requisito obvio es encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados que establece la ley.

En tercer lugar, es necesario que el beneficiario lleve residiendo en España durante, al menos, los cinco últimos años. Además, los dos últimos tienen que ser necesariamente anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda.

En cuarto lugar, no es necesario tener una edad determinada, pues no se establece una edad mínima ni una máxima para acceder a las prestaciones previstas en la ley.

Cómo solicitar las ayudas

El primer paso es solicitar la evaluación de la persona dependiente por la Administración competente de cada comunidad autónoma. Esto determinará el grado de dependencia. Así pues, la persona que desee acceder a la prestación, o la persona que lo solicite en su nombre, deberá cubrir los impresos establecidos al efecto, acompañándolos con el informe del médico de cabecera que tenga asignado el posible beneficiario. Posteriormente, un médico lo visitará y determinará, tras su examen, qué grado de dependencia presenta.

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Después, la Administración comunicará mediante carta su resolución sobre la dependencia. Con ello, la persona interesada debe acudir a la Administración competente en su comunidad autónoma y solicitar el llamado “Programa individual de atención”. Los profesionales designados al efecto por la Administración informarán a los beneficiarios de los servicios y las prestaciones económicas aplicables al caso concreto. Se solicita de forma escrita aquella ayuda que más se ajuste a las necesidades del dependiente y se espera a su confirmación por escrito.

¿Son los mismos requisitos para todas las comunidades autónomas?

Sí, los requisitos son iguales en todo el territorio español. Las particularidades de cada comunidad autónoma vienen dadas por la documentación que es necesario aportar. Es preciso informarse previamente, en el órgano de la comunidad encargado de gestionar esta cuestión, qué documentación hay que facilitar.

Dónde se presenta la solicitud

La solicitud se presenta en el registro correspondiente del Centro de Servicios Sociales del municipio en el que se resida, aunque es posible presentarla también en cualquiera de los registros oficiales que permite la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su artículo 16.4.

Plazos para resolver

El plazo máximo para resolver el procedimiento desde que se presenta la solicitud ante el órgano gestor correspondiente y se elabora el denominado “Programa individual de atención” es de seis meses. En caso de no recibir respuesta a la solicitud, se produce lo que se denomina “silencio positivo”, es decir, la no contestación por parte de la Administración una vez transcurrido el plazo para ello, se interpreta como una respuesta positiva a la solicitud.

Qué hacer si no estamos de acuerdo con la resolución

En ocasiones, puede reconocerse una situación de dependencia pero en un grado inferior al que consideramos necesario. En estos casos, es posible recurrir ese reconocimiento administrativo de dependencia mediante un recurso de alzada en el plazo de un mes desde que se recibe dicha resolución. O en el plazo de tres meses desde que expira el plazo legal del que dispone la Administración para contestar (6 meses). Con ello conseguimos una segunda valoración por el superior jerárquico del que evaluó nuestra primera solicitud. Este recurso resulta fundamental, puesto que para cualquier reclamación judicial futura es preciso agotar la vía administrativa.

En definitiva, la ley de dependencia surge para garantizar una serie de derechos mínimos de aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas, bien por cuestiones de salud o bien por su edad. Con ella se puso en marcha un engranaje complejo y, sobre todo, burocrático, que teóricamente está bien planteado pero que en la práctica sigue generando muchas dudas. Es importante que todos aquellos que se hallen en situación de dependencia o sus familiares, incluso aquellas personas que se dedican profesionalmente al cuidado de ancianos, sepan qué tipo de ayudas pueden solicitar y cómo deben hacerlo. Es imprescindible garantizar la calidad de vida de las personas especialmente necesitadas, pues en muchos casos se encuentran solas y carentes de toda ayuda básica.

Ley de dependencia: quién puede solicitarla y requisitos básicos
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